La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer

América Latina concentra una proporción extraordinariamente elevada de los asesinatos de defensores de la tierra y del ambiente. Pero la pregunta no debería terminar en el lugar donde se produce el asesinato. Quizás haya que seguir la cadena hasta el lugar donde comienza la demanda.

En 2025, Global Witness registró 124 asesinatos de defensores ambientales y de la tierra en el mundo. 105 ocurrieron en América Latina.

El número impresiona.

Pero hay una pregunta que resulta todavía más incómoda:

¿por qué la violencia se concentra justamente en muchas de las regiones que suministran los recursos que necesita la economía mundial?

La respuesta no parece estar solamente en que América Latina sea una región más violenta.

Hay algo más profundo.

El ambiente que consumimos lejos de nuestras fronteras

Minerales, petróleo, gas, madera, soja, carne, cobre, litio, oro y otros recursos naturales alimentan cadenas de producción que terminan en los grandes mercados mundiales.

El consumidor final puede encontrarse a miles de kilómetros del lugar donde comenzó la cadena.

Compra un automóvil, un teléfono, una computadora, alimentos o una vivienda.

Pero antes de que ese producto llegue a sus manos hubo un territorio donde se extrajeron minerales, se produjo energía, se utilizó agua, se transformó el suelo o se taló un bosque.

Y allí viven personas.

Cuando esas personas intentan defender su territorio, el conflicto puede adquirir una dimensión que difícilmente vemos desde una ciudad europea o estadounidense.

América Latina: donde la defensa del territorio puede costar la vida

El defensor ambiental latinoamericano muchas veces no es el activista urbano que aparece en una manifestación.

Puede ser un campesino.

Un dirigente indígena.

Una comunidad.

Una persona que simplemente intenta impedir que una actividad económica avance sobre el territorio donde vive.

En determinadas regiones, además, el conflicto se superpone con narcotráfico, minería ilegal, tala clandestina, grupos armados y disputas por la tierra.

Entonces la defensa ambiental deja de ser solamente una discusión ecológica.

Se convierte en una disputa por territorio y dinero.

Y allí la violencia puede llegar hasta el asesinato.

África: otra gran frontera de extracción

África agrega una dimensión fundamental a esta discusión.

El continente posee algunas de las mayores reservas mundiales de minerales estratégicos, además de petróleo, gas, madera y enormes extensiones de tierras agrícolas.

Cobalto en la República Democrática del Congo.

Oro en numerosos países.

Petróleo en Nigeria, Angola y otros productores.

Gas en Mozambique.

Uranio en Níger.

Litio y otros minerales críticos en distintos países del continente.

La transición energética mundial incluso puede aumentar el valor estratégico de determinados recursos africanos.

Y aparece nuevamente una paradoja.

El mundo necesita minerales para fabricar baterías, redes eléctricas, vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y tecnologías consideradas necesarias para abandonar los combustibles fósiles.

Pero la transición energética también necesita extraer enormes cantidades de materia de algún lugar.

Y una parte importante de esa extracción ocurre en países donde las comunidades locales tienen menos capacidad económica, jurídica o política para defender sus territorios.

No todos estos conflictos terminan en asesinatos.

Pero la disputa por la tierra, los minerales, el agua y los beneficios de la extracción puede producir desplazamientos, contaminación, conflictos laborales, violencia y represión.

África, por lo tanto, no es una excepción al problema.

Es otra de sus grandes geografías.

El mismo producto puede tener dos historias

Pensemos en un teléfono móvil.

Para quien lo compra, es un objeto tecnológico.

Para la empresa que lo comercializa, es un producto.

Para el mercado financiero, es una mercancía.

Pero antes hubo minerales.

Y antes de los minerales hubo una mina.

Y antes de la mina hubo un territorio.

La distancia entre esos dos extremos puede ser enorme.

El consumidor ve el teléfono. La comunidad ve la mina.

Esta diferencia de perspectiva es fundamental.

Europa y Estados Unidos: el conflicto cambia de escenario

Esto tampoco significa que Europa o Estados Unidos estén libres de conflictos ambientales.

Los tienen.

Pero una parte importante de esos conflictos puede canalizarse mediante tribunales, organismos reguladores, legislaturas, gobiernos locales, organizaciones ambientales, medios de comunicación y universidades.

El conflicto puede ser duro.

Puede haber detenciones, multas, demandas y enfrentamientos políticos.

Pero existe una diferencia fundamental:

hay más posibilidades de trasladar el conflicto desde el territorio hacia las instituciones.

Eso puede ayudar a explicar por qué los asesinatos de defensores ambientales son muchísimo menos frecuentes.

No necesariamente porque allí haya menos intereses económicos sobre la naturaleza.

Sino porque existen más mecanismos institucionales para disputar esos intereses.

Y nosotros, los consumidores, ¿somos solamente víctimas?

No sería razonable colocar toda la responsabilidad sobre las empresas y los gobiernos. Pero tampoco sería razonable colocarla exclusivamente sobre ellos. El consumidor forma parte de la ecuación.

Sería demasiado cómodo decir que toda la responsabilidad está en las empresas que producen y en los gobiernos que regulan.

El consumidor también participa del sistema.

Durante décadas se construyó una cultura en la que comprar dejó de significar solamente satisfacer una necesidad.

Comprar también comenzó a significar renovar, reemplazar, actualizar y desechar.

Un teléfono que todavía funciona puede ser reemplazado porque apareció un modelo nuevo.

Una computadora perfectamente utilizable puede convertirse en “vieja” porque el mercado presentó una generación posterior.

Un automóvil puede cambiarse mucho antes de que termine su vida útil.

Y algo similar ocurre con miles de productos de consumo cotidiano.

La pregunta entonces deja de ser solamente qué fabrica la industria.

También hay que preguntar:

¿qué estamos dispuestos a seguir comprando?

El problema aparece con especial claridad en productos de vida útil muy corta.

Plásticos descartables, envases innecesarios, juguetes que duran unas pocas semanas, productos promocionales, objetos utilizados una sola vez y luego arrojados a la basura.

Incluso determinadas formas de regalar pueden convertirse en una pequeña representación del problema: un objeto de plástico de escasa utilidad, colocado dentro de un envoltorio de colores, acompañado de más plástico, cintas y materiales que terminan inmediatamente en el residuo.

Individualmente parece insignificante.

Multiplicado por millones de personas, deja de serlo.

Y lo mismo ocurre con la renovación tecnológica.

Cambiar todos los años de teléfono, computadora o automóvil no es solamente una decisión económica individual. También genera una demanda adicional de materias primas, energía, transporte y residuos.

Para fabricar esos productos hay que extraer minerales.

Para transportarlos hay que utilizar energía.

Para producirlos se necesitan fábricas.

Y cuando son reemplazados, queda un residuo que alguien tendrá que procesar.

Por eso existe una responsabilidad del consumidor que no debería ocultarse.

Pero tampoco debería exagerarse.

Porque sería injusto decirle a una persona:

“El problema ambiental existe porque usted cambió su teléfono.”

Una persona puede decidir conservarlo durante cinco años y, sin embargo, encontrarse con un aparato cuya batería no puede reemplazarse, cuyo sistema operativo deja de actualizarse o cuya reparación cuesta casi lo mismo que comprar uno nuevo.

El consumidor decide, pero decide dentro de un sistema diseñado por otros.

Ahí aparece la responsabilidad compartida.

La empresa decide cuánto dura el producto.

El fabricante decide si puede repararse.

El Estado decide qué normas establece.

La publicidad decide qué necesidades intenta crear.

Y el consumidor decide qué compra, cuánto compra y con qué frecuencia reemplaza aquello que posee.

Por eso la solución tampoco puede consistir simplemente en decirle al ciudadano que “consuma menos”.

Tiene que existir la posibilidad real de reparar, reutilizar, reciclar, comprar productos durables y elegir alternativas con menor impacto.

Y también una educación ambiental que vaya más allá de separar la basura.

Porque separar los residuos es importante.

Pero existe una pregunta anterior:

¿realmente necesitábamos comprar aquello que ahora tenemos que reciclar?

Ese quizás sea uno de los puntos más incómodos de toda esta discusión.

Hemos aprendido a preocuparnos por qué hacer con nuestros residuos.

Tal vez deberíamos comenzar a preguntarnos también por qué producimos tantos residuos en primer lugar.

Y allí el consumidor deja de ser únicamente víctima del sistema.

También se convierte, aunque sea parcialmente, en quien lo alimenta.

China: menos protesta visible no significa ausencia de conflicto

China introduce otra variable.

Sería incorrecto decir que en China no existen protestas ambientales.

Las ha habido.

Pero el espacio disponible para la movilización independiente es mucho más limitado que en las democracias occidentales.

El Estado chino ejerce un fuerte control sobre organizaciones sociales, medios y movilización política.

Por eso hay que tener cuidado con las estadísticas.

La ausencia de grandes protestas visibles no demuestra necesariamente ausencia de conflicto.

Puede significar también que determinadas formas de protesta tienen menos posibilidades de desarrollarse públicamente.

Al mismo tiempo, China ha experimentado una transformación industrial y territorial gigantesca.

Por eso resulta interesante comparar no solamente cuánto se protesta, sino qué capacidad tiene una sociedad para hacer visible el costo ambiental de su modelo de desarrollo.

Rusia: ambiente, recursos y seguridad nacional

Rusia constituye otro modelo.

Es una enorme potencia forestal, energética y minera y posee una parte fundamental del territorio ártico.

Pero la guerra de Ucrania modificó profundamente el espacio disponible para las organizaciones independientes y los movimientos críticos.

En ese contexto, determinadas cuestiones ambientales pueden quedar subordinadas a una lógica mucho mayor:

seguridad nacional, guerra, soberanía y control político.

Esto resulta especialmente relevante cuando hablamos del Ártico.

El Ártico: cuando el hielo se convierte en recurso

El Ártico está dejando de ser visto únicamente como un ecosistema remoto.

Es también una zona de interés económico y estratégico.

Hidrocarburos.

Minerales.

Pesca.

Nuevas rutas marítimas.

Infraestructura.

Presencia militar.

Investigación científica.

Rusia ocupa una posición central en este proceso. Estados Unidos, Canadá, Noruega y otros países también poseen intereses estratégicos en la región.

China, aunque no es un Estado ártico, busca participar en las nuevas rutas, investigaciones y actividades económicas.

Y aparece nuevamente la pregunta:

¿qué ocurre con la protección ambiental cuando un territorio comienza a adquirir un enorme valor estratégico?

La Antártida: una excepción que demuestra la regla

La Antártida presenta una situación diferente.

El sistema del Tratado Antártico y su Protocolo de Madrid establecen un régimen internacional destinado a proteger el continente y limitar determinadas actividades.

No podemos compararla directamente con la Amazonia o Siberia.

Pero precisamente por eso resulta interesante.

Cuando los Estados acuerdan que un territorio debe permanecer protegido de determinadas formas de explotación, el conflicto cambia radicalmente.

La pregunta hacia el futuro será qué ocurrirá si aumentan simultáneamente el interés económico, la tecnología disponible y la presión geopolítica sobre las regiones polares.

¿Quién pone los recursos y quién pone el costo?

Aquí llegamos al centro del problema.

No se trata simplemente de preguntar:

¿qué país contamina más?

También deberíamos preguntar:

¿dónde se extraen los recursos que permiten mantener nuestro modelo de consumo?

Porque existe una cadena:

territorio → extracción → transporte → industria → mercado → consumo.

Y cada etapa distribuye de manera diferente los beneficios y los costos.

El consumidor puede recibir el producto terminado.

La empresa recibe ingresos.

El Estado obtiene impuestos, divisas o inversiones.

Pero la comunidad que vive junto a la mina, al bosque, al río o al yacimiento puede recibir una parte muy diferente de esos beneficios y soportar una parte mucho mayor de las consecuencias.

Entonces vuelve la vieja frase

La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer.

Pero quizás haya que actualizar el significado de la frase.

El “chancho” puede representar la extracción descontrolada.

Quien “le da de comer” no es necesariamente una sola persona.

Es una cadena completa:

empresas, mercados, gobiernos, consumidores, inversores y sociedades enteras.

No todos tienen la misma responsabilidad.

No todos obtienen los mismos beneficios.

Y tampoco todos tienen el mismo poder para modificar el sistema.

Por eso sería demasiado fácil señalar solamente al consumidor.

Pero también sería demasiado cómodo mirar únicamente al territorio donde ocurre la violencia y olvidarnos de preguntar qué demanda económica existe al otro extremo de la cadena.

El asesinato es solamente el extremo visible

Un defensor ambiental no comienza siendo asesinado.

Antes puede haber sido amenazado.

Antes puede haber recibido presiones.

Antes puede haber sido demandado.

Antes puede haber sido desplazado.

Antes puede haber sido desacreditado.

Y antes de todo eso puede haber existido una decisión económica aparentemente sencilla:

extraer.

Por eso quizá el verdadero mapa de la violencia ambiental no debería comenzar contando muertos.

Debería comenzar siguiendo las cadenas de producción.

¿De dónde sale el mineral?

¿Quién lo extrae?

¿Quién lo compra?

¿Quién lo transforma?

¿Quién lo consume?

¿Quién obtiene el beneficio?

Y finalmente:

¿quién queda viviendo al lado de aquello que nosotros consumimos?

Quizás el dato del 85 % de los asesinatos en América Latina no sea solamente una estadística sobre la violencia latinoamericana.

Quizás sea también una ventana hacia una división internacional mucho más profunda:

los beneficios del consumo pueden viajar miles de kilómetros; los costos ambientales, en cambio, suelen quedarse donde está el recurso.

Y esa es una pregunta que no tiene una respuesta exclusivamente latinoamericana, africana, europea, estadounidense, china o rusa.

Es una pregunta sobre el modelo mundial de producción y consumo.

Porque al final de la cadena, detrás de cada mineral, cada barril de petróleo, cada tonelada de madera y cada producto tecnológico, siempre existe un territorio.

Y en ese territorio siempre hay alguien que tiene que vivir con las consecuencias.

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