Bienvenido a mi Blog
Un novillo por un tornillo: deuda, dependencia y fuga en la economía argentina
Para que el "Capitalismo Neoliberal" no sea un Ente Abstracto, pues tiene nombre y apellido los responsables de la situación de Argentina
Un novillo por un tornillo: deuda, dependencia y fuga en la economía argentina
La premisa es simple y antigua: cuando un país periférico pide prestado al Fondo Monetario Internacional, el préstamo viene con condiciones que tienden a reforzar el patrón estructural de dependencia. El país recibe dólares para superar un desequilibrio inmediato de balanza de pagos, pero a cambio se compromete a políticas que, en la práctica, lo atan a la importación de manufacturas, la exportación de materias primas sin valor agregado y el servicio perpetuo de una deuda que crece más rápido que la capacidad de pagarla. Es el "novillo por un tornillo" que describe la expressión popular argentina.
1. La arquitectura del FMI: quién decide y para quién
El Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944 en Bretton Woods, sobre un diseño impulsado por Harry Dexter White (Estados Unidos) y John Maynard Keynes (Reino Unido). Desde el inicio, la distribución del poder de voto reflejó la asimetría entre países acreedores y deudores.
Estados Unidos concentra el 16,74% del poder de voto, lo que le otorga de facto un poder de veto sobre las decisiones importantes, que requieren una mayoría del 85%. El Grupo de los Siete (G7) controla en conjunto cerca del 50% de los votos, mientras que los 159 países en desarrollo —que son los prestatarios reales del organismo— son accionistas minoritarios. La directora gerente actual es Kristalina Georgieva, búlgara, ex vicepresidenta del Banco Mundial. Pero la política concreta del FMI hacia cada país la orienta el Directorio Ejecutivo, donde el representante estadounidense tiene la última palabra sobre cualquier programa de importancia.
Cuando Argentina negocia con el FMI, en realidad negocia con Washington. Así lo reconoció explícitamente la prensa argentina al cubrir las gestiones del gobierno de Javier Milei: el equipo de Luis Caputo se reunió primero con el Tesoro de Estados Unidos —con el secretario adjunto Michael Kaplan y con Jay Shambaugh— antes de sentarse con el staff técnico del Fondo, porque "Estados Unidos es el principal accionista del FMI y cualquier decisión sobre el programa argentino no es votada en el directorio ejecutivo sin el aval de Washington".
2. La condicionalidad como mecanismo de subordinación
La condicionalidad del FMI no es un detalle técnico: es el núcleo de la relación. El propio organismo la define como el conjunto de políticas macroeconómicas y estructurales que un país se compromete a aplicar para recibir y mantener el acceso a los desembolsos. Históricamente, esas condiciones han incluido: devaluación de la moneda nacional, políticas fiscales contractivas (ajuste del gasto público), liberalización comercial y financiera, privatizaciones y reformas estructurales orientadas a "abrir" la economía.
Argentina firmó 23 acuerdos con condicionalidad con el FMI desde que se asoció en 1956. El país estuvo bajo monitoreo del organismo durante 41 de los 65 años transcurridos hasta 2021, según la investigadora del CONICET Noemí Brenta. El primer acuerdo lo firmó Arturo Frondizi en 1958; el período más largo de sumisión ininterrumpida fue desde fines de 1982 hasta diciembre de 2001, cuando Argentina estalló.
El acuerdo de 2018, firmado por Mauricio Macri, fue el más grande de la historia del FMI: 50.000 millones de dólares bajo un Acuerdo de Derecho de Giro. Las condiciones incluyeron reducir el empleo público del 3,2% al 2,7% del PBI, recortar las compras del Estado en 15%, y "mejoras" en el sistema de pensiones que, en la práctica, significaron reducir ingresos de jubilados. El economista Arturo Porzecanski, exanalista de Morgan Stanley, calificó el programa como "una vergüenza" que "se descarriló en dos meses" y que, en lugar de generar confianza, "motivó la huida del peso argentino hacia una compra desenfrenada de dólares".
3. "Te presto si me compras y me vendes": el esquema comercial
La condicionalidad del FMI opera sobre la balanza de pagos, pero su efecto estructural más profundo se ve en la composición del comercio exterior. Los programas del Fondo típicamente exigen liberalización de importaciones y devaluación, lo que abarata las exportaciones de materias primas y encarece relativamente los insumos industriales importados.
Los datos son elocuentes. En 2024, las exportaciones argentinas se repartieron así:
Si sumamos productos primarios y manufacturas agropecuarias (ambos de bajo valor agregado), llegamos al 60,2% del total exportado. La tendencia a la primarización se acentuó en 2019, cuando las exportaciones de productos primarios crecieron 12,6% interanual mientras las manufacturas de origen industrial cayeron 24,3%.
Un estudio sobre el comercio Argentina-China —que reproduce en escala bilateral el patrón global— muestra que Argentina es oferente de materias primas (sobre todo poroto de soja y productos del reino vegetal), mientras China provee manufacturas industriales, con el rubro de máquinas y aparatos eléctricos superando el 50% de las importaciones desde el gigante asiático. Es la vieja división internacional del trabajo: materias primas hacia afuera, productos industrializados hacia adentro.
4. La deuda que no para de crecer
Argentina cerró 2025 con una deuda externa récord de 320.305 millones de dólares, la más alta de su historia, según el INDEC. De ese total, 57.230 millones corresponden a obligaciones con el FMI. Durante el primer año de Milei (diciembre 2023 a diciembre 2024), la deuda externa bruta nominal aumentó en 34.354 millones de dólares.
Para dimensionar: la deuda externa de Ucrania —en guerra, con un tercio de su territorio ocupado y su economía devastada— rondaba los 126.000 millones de dólares en 2024. La deuda argentina es dos veces y media la de un país en conflicto bélico activo.
En abril de 2025, el gobierno de Milei cerró un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por 20.000 millones de dólares (el 479% de la cuota argentina), a 10 años con cuatro años y medio de gracia y una tasa del 5,63%. El desembolso inmediato fue de 12.000 millones. El argumento oficial es que la deuda "cambia de composición" pero no aumenta: el Tesoro recibe los dólares del FMI para cancelar deuda con el Banco Central. En la práctica, se reemplaza una deuda interna por una externa, endureciendo la restricción de divisas.
5. La red financiera: bancos, fondos y nombres propios
El FMI no opera solo. Su actuar está inserto en una red de bancos de inversión y fondos de gestión de activos que son, simultáneamente, asesores de gobiernos, tenedores de bonos soberanos y diseñadores de reestructuraciones.
JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, tiene presencia en Argentina desde la década de 1880, cuando financió ferrocarriles, extracción de oro y endeudamiento soberano. Su CEO desde 2005 es Jamie Dimon, con un patrimonio personal estimado en 3.100 millones de dólares. JPMorgan participó en "la mayoría de las transacciones importantes en Argentina", asesorando al gobierno y proporcionando financiamiento soberano. Dimon fue miembro del consejo asesor empresarial de Donald Trump hasta su disolución en 2017, y su nombre sonó como posible secretario del Tesoro en ambas administraciones Trump.
BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo con más de 10 billones de dólares bajo gestión, fue fundada en 1988 por Larry Fink (patrimonio: 1.300 millones de dólares) y siete socios. En 2020, BlackRock lideró la negociación de la reestructuración de la deuda argentina con los bonistas, logrando un acuerdo que proporcionó a Argentina 23.000 millones de dólares en alivio inmediato. BlackRock publicó una carta en The New York Times defendiendo su rol como bonista, argumentando que invertía "en nombre de millones de personas que ahorran para su jubilación".
Luis Caputo, ministro de Economía de Milei, es un hombre de esta red. Antes de ocupar el cargo, fue funcionario durante el gobierno de Macri y tiene vínculos profesionales con el mundo de la banca de inversión, incluyendo experiencia en el sector financiero internacional. Su viaje a Washington antes de asumir —donde se reunió con el Tesoro y el FMI— es consistente con el patrón de relación entre los decisores económicos argentinos y la red financiera del Norte.
6. La fuga: el dinero que se va y la deuda que queda
El aspecto más corrosivo de este esquema no es solo lo que entra como deuda, sino lo que sale como fuga. La investigación académica sobre Argentina documenta que desde 1976 —cuando se instaló el patrón de "valorización financiera"— la fuga de capitales estuvo intrínsecamente vinculada al endeudamiento externo: el capital oligopólico local contraía deuda en el exterior, la colocaba en activos financieros internos para apropiar excedente mediante el diferencial de tasas, y luego fugaba los beneficios al exterior.
Las cifras son escalofriantes. Durante la última dictadura militar (1976-1983), miembros de la elite militar y empresarios drenaron del país más de 37.000 millones de dólares hacia guaridas fiscales. La deuda externa pasó de 7.700 millones en 1976 a 45.000 millones en 1983. Para 2015, el stock acumulado de fuga de capitales alcanzaba casi 278.000 millones de dólares. Es decir: el dinero entraba como deuda pública y salía como activos privados en el exterior.
En 2018, durante el gobierno de Macri, se produjo una nueva fuga masiva: el peso se devaluó 135% y el gobierno recurrió al FMI por 55.000 millones de dólares. En 2019, una segunda fuga de 26.870 millones de dólares obligó a reinstalar el cepo cambiario. Entre 2016 y 2019, Argentina tomó deuda en moneda extranjera por más de 100.000 millones de dólares, incluyendo el acuerdo récord con el FMI. La industria perdió peso, el empleo registrado se estancó y los salarios reales cayeron más del 20%.
7. La dependencia del dólar
Toda esta arquitectura descansa sobre la dependencia estructural del dólar. Argentina necesita divisas que no genera de manera endógena, debido a la combinación de un aparato productivo que requiere insumos y bienes de capital importados, una elite que atesora en dólares y un sistema financiero que opera con una moneda extranjera como reserva de valor.
El FMI, al prestar en dólares (o DEG vinculados al dólar), refuerza esta dependencia. Cada desembolso aumenta la necesidad de generar dólares para pagar el servicio de la deuda. La devaluación exigida por los programas del Fondo encarece las importaciones de bienes de capital e insumos industriales, golpeando a la industria local. La apertura comercial recomendada por el organismo facilita el ingreso de manufacturas extranjeras que compiten con la producción nacional. Y la ausencia de políticas industriales activas —casi siempre descartadas por el FMI como "distorsiones"— consolida el patrón primario-exportador.
El resultado es un círculo vicioso: el país se endeuda para obtener dólares, los dólares se fugan o se gastan en importaciones, la deuda crece, y se necesita más deuda. En cada vuelta, la estructura productiva se primariza más y la industria pierde peso. En 2017, las empresas exportadoras de manufacturas habían caído un 36,1% respecto a 2007: se perdieron 4.652 empresas exportadoras industriales en una década.
8. Los actores políticos y la continuidad del modelo
Un aspecto notable es la continuidad del esquema más allá de los gobiernos de turno. El acuerdo de 2018 lo firmó Macri; el de 2022 (para refinanciar el de 2018), Alberto Fernández; el de 2025, Milei. Tres gobiernos de signo político opuesto, tres acuerdos con el FMI. La condicionalidad varió en forma pero no en fondo: ajuste fiscal, metas de inflación, apertura y, en todos los casos, endeudamiento creciente.
El gobierno de Milei presenta su ajuste como ruptura con el pasado, pero los datos muestran continuidad en lo estructural: la deuda externa aumentó 34.000 millones en su primer año, se firmó un nuevo programa con el FMI por 20.000 millones, y la economía se desindustrializó aún más. El superávit fiscal de 2024 —0,3% del PBI— se logró con una contracción del PBI del 2,8%, una caída de la construcción del 14,9% y un pico de pobreza del 55%.
Conclusión
El "novillo por un tornillo" no es una metáfora exagerada. Es la descripción precisa de un mecanismo que opera desde hace siete décadas: el FMI presta dólares condicionados, los dólares financian importaciones de manufacturas y fuga de capitales, la economía se primariza, la industria se retrae, la deuda crece, y se necesita más FMI. Los actores cambian —Frondizi, la dictadura, Menem, Macri, Fernández, Milei— pero la arquitectura se sostiene, porque quienes se benefician de ella —los grupos económicos locales que fugan, los bancos internacionales que asesoran y cobran, el FMI que mantiene su rol de guardián del sistema— tienen más poder que los gobiernos que supuestamente administran el destino del país.
Romper este círculo exigiría, como mínimo, tres cosas que ningún programa del FMI contempla: una política industrial activa que agregue valor a las materias primas, un marco regulatorio que impida la fuga de capitales generada por el endeudamiento, y una diversificación de la matriz de financiamiento que reduzca la dependencia del dólar y del Fondo. Mientras tanto, Argentina seguirá cambiando novillos por tornillos.
Ampliación: la red financiera local, los casos de fuga y la reestructuración de la deuda
A continuación, profundizo en los nombres, los mecanismos y los episodios concretos que sostienen el esquema descripto en el escrito anterior, con foco en tres ejes: la red de bancos y grupos económicos locales, los casos paradigmáticos de fuga de capitales y el circuito de reestructuración de deuda con los fondos buitre.
I. Los arquitectos locales: del CEA a la banca de inversión
José Alfredo Martínez de Hoz y el origen de la deuda moderna
La deuda externa argentina tal como la conocemos hoy nació durante la última dictadura militar (1976-1983), y su arquitecto principal fue José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1981. Martínez de Hoz no era un tecnócrato improvisado: era estanciero vitalicio de la Sociedad Rural y, desde 1967, presidía el Consejo Empresario Argentino (CEA), un lobby de medio centenar de las mayores empresas del país que funcionaba como la columna corporativa del plan económico.
Su gestión multiplicó la deuda externa por cinco: pasó de 8.500 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones en 1983. El mecanismo no fue complejo: el Estado tomaba deuda en el exterior para financiar la apertura comercial y la liberalización financiera, mientras los grandes grupos económicos privados —Techint, Pérez Companc, Macri (SOCMA), Bridas, Astra, Soldati— contraían deuda con bancos extranjeros, traían los dólares al país, los colocaban en activos financieros internos aprovechando el diferencial de tasas, y luego fugaban los beneficios al exterior. El Estado, eventualmente, estatizó gran parte de la deuda privada mediante los mecanismos de "seguro de cambio" y "capitalización de deudas".
Martínez de Hoz también fue directivo de CIADE (Compañía Ítalo Argentina de Electricidad) desde 1969, y varios de sus colaboradores en el ministerio provenían de esa misma compañía. La causa judicial por la ilegitimidad de la deuda, iniciada por el periodista Alejandro Olmos en 1982, recorrió los tribunales durante 18 años y concluyó en 2000 con un fallo que declaró ilegítima una porción significativa del endeudamiento dictatorial, aunque sin consecuencia penales para sus responsables.
El Grupo Techint: de la "patria contratista" a la estructura offshore
El Grupo Techint, fundado en 1945 por el italiano Agostino Rocca y hoy dirigido por sus hijos Gianfelice Rocca (presidente) y Paolo Rocca (CEO), es el grupo económico más grande de Argentina y uno de los principales conglomerados industriales de América Latina, con ingresos de 38.400 millones de dólares en 2023 y casi 79.000 empleados. Su control accionario pasa por San Faustin S.A., una sociedad que a su vez es controlada por Rocca & Partners Stichting, una fundación neerlandesa (Stichting) —figura legal típica de los paraísos fiscales europeos—.
Techint es el paradigma de la "patria contratista": fue uno de los mayores contratistas de YPF, beneficiario de obras de infraestructura energética, gasoductos, telecomunicaciones y ferrocarriles durante décadas. En la clasificación de los grupos económicos locales que protagonizaron la fuga de capitales, Techint aparece sistemáticamente junto a Pérez Companc, Bridas, Astra y Macri como uno de los principales tomadores de deuda externa privada durante el período 1976-2001.
La estructura societaria del grupo —con su nudo de control en San Faustin y la fundación Stichting en Países Bajos— es un ejemplo de la "ingeniería financiera" que permite separar la propiedad efectiva del control legal, facilitando la exteriorización opaca de riqueza y la minimización fiscal.
Eduardo Eurnekian: del textil a los aeropuertos, con cuentas en Suiza
Eduardo Eurnekian, cuarto hombre más rico de Argentina con un patrimonio de 3.400 millones de dólares, construyó su imperio a partir de la industria textil (licenciataria de Puma), pasó a los medios de comunicación (Cablevisión) y luego a la gestión aeroportuaria: su empresa Corporación América administra 76 aeropuertos en el mundo.
Eurnekian aparece en la causa HSBC como uno de los principales tenedores de cuentas no declaradas en la sucursal de Ginebra: el Grupo Clarín lideraba la lista con 106 millones de dólares, seguido por el Grupo Fortabat (101,3 millones), Central Puerto (82,2 millones), Telecom (18,8 millones) y Caja de Valores (17,6 millones). Eurnekian invirtió sus capitales en el exterior "a través de una ingeniería financiera que le permitió evitar el pago del impuesto a los Bienes Personales y de Ganancias sobre la renta financiera que obtuviera en el extranjero", según investigaciones del CEFID-AR. La AFIP lo denunció en 2001 por evasión de 14 millones de pesos correspondientes al período 1995-1998.
II. La red bancaria local y sus conexiones internacionales
Grupo Galicia: las tres familias que controlan el banco privado más grande
El Grupo Financiero Galicia —hoy el banco privado más grande de Argentina tras absorber HSBC Argentina en diciembre de 2024 por 550 millones de dólares— está controlado por EBA Holding S.A., una sociedad que pertenece exclusivamente a tres familias: Escasany (fundadora del banco en 1905), Ayerza y Braun (incorporadas en las décadas de 1940 y 1950). Mediante un sistema de acciones de voto múltiple (clase A con cinco votos cada una), EBA Holding controla el 51,5% de los votos con apenas el 17,5% del capital accionario, un mecanismo que concentra el poder decisional en las tres familias fundadoras. El presidente actual es Eduardo José Escasany.
La compra de HSBC Argentina en 2024 convirtió a Galicia en la principal institución financiera privada del país, con el 13,79% de los depósitos del sector privado. La operación incluyó banco, gestora de activos y compañía de seguros, y se completó el 6 de diciembre de 2024, cuando HSBC Argentina dejó de existir tras 32 años de operaciones.
Luis Caputo: el operador de Wall Street en el Ministerio
Luis Andrés "Toto" Caputo, actual ministro de Economía de Javier Milei, encarna como ningún otro la fusión entre la banca internacional y el Estado argentino. Su trayectoria profesional es un mapa de la red:
En 2017, los Paradise Papers revelaron que Caputo gestionaba al menos dos fondos de inversión offshore. En 2026, la Cámara Federal de Apelaciones admitió que la fiscalía apele el sobreseimiento en la causa del "bono a 100 años" —emitido en junio de 2017 por 2.750 millones de dólares al 7,125%—, investigado por supuesta omisión de su participación en Princess International Group (Islas Caimán), empresa que controlaba el grupo inversor Noctua, que fue uno de los compradores de los bonos argentinos. El caso está ahora en manos de la Cámara Nacional de Casación Penal.
En abril de 2024, durante las reuniones de primavera del FMI en Washington, Caputo presentó el plan de ajuste argentino en un seminario privado organizado por JPMorgan Chase, donde el CEO Jamie Dimon participó de un "fireside chat" posterior. Los bonos argentinos subieron 2,9 centavos ese día: el mejor desempeño de la deuda emergente.
Alfonso Prat-Gay: de JPMorgan al HSBC
Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda de Macri entre 2015 y 2016, también fue ejecutivo de JPMorgan en Londres (1999-2001, jefe de investigación de monedas), presidente del Banco Central (2002-2004) y consultor privado cuyos clientes incluían a Amalia Lacroze de Fortabat —una de las fortunas más grandes de Argentina, que también aparecía en la lista del HSBC Ginebra con 101,3 millones de dólares en cuentas no declaradas—.
Prat-Gay fue imputado en 2014 por integrar una asociación ilícita que habría evadido impuestos a través de una cuenta en Suiza de la familia Fortabat en el HSBC, de la que era apoderado. Su paso por el ministerio culminó con la emisión de bonos por 16.500 millones de dólares en abril de 2016 —la primera venta de Argentina en mercados internacionales desde 2001—, operada por un consorcio de siete bancos entre los que estaba el propio HSBC.
HSBC: el banco que fugaba y asesoraba
El HSBC merece un capítulo aparte. El caso de su sucursal de Ginebra, revelado por el informante Hervé Falciani en 2008, expuso 4.040 cuentas de argentinos con saldos por 3.500 millones de dólares no declarados al fisco. La causa, la más grande de delitos económicos en la historia argentina, tuvo 222 imputados por asociación ilícita, lavado y evasión. Estaba encabezada por Gabriel Martino, presidente de HSBC Argentina, y entre los imputados figuraba el propio Prat-Gay.
El investigador Jorge Gaggero, del CEFID-AR, documentó que HSBC creó más de 2.300 sociedades offshore para facilitar la fuga. La economista Magdalena Rúa publicó un libro entero sobre el rol del banco: Fuga de capitales: el rol de los bancos internacionales y el "caso HSBC". Cuando Macri asumió en 2015, nombró a Mariano Federici —hombre de confianza del FMI— al frente de la UIF (Unidad de Información Financiera) y puso en su vicejefatura a María Eugenia Telerico, abogada del HSBC en causas de lavado. El blanqueo de capitales de 2016 reconoció 90.000 millones de dólares en activos externos no declarados, de los cuales se estima que parte correspondía a los fondos fugados a través del HSBC.
III. El caso de los fondos buitre: Paul Singer y la "ganancia del 1.180%"
La operación
El caso más emblemático de cómo la red financiera internacional extrae recursos de Argentina es el de los fondos buitre encabezados por Paul Singer y su fondo Elliott Management (con su filial NML Capital, radicada en Islas Caimán).
La cronología:
Singer admitió haber financiado con 2,5 millones de dólares la campaña presidencial de Mauricio Macri. El fiscal del caso declaró que el endeudamiento por 16.500 millones que encaró el gobierno de Cambiemos para pagar a los bonistas fue "el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional".
Los otros actores del lado de los buitres
Junto a Singer, otros nombres clave en el litigio:
IV. La reestructuración de 2020: BlackRock y los fondos de inversión
En 2020, bajo el gobierno de Alberto Fernández, Argentina reestructuró nuevamente su deuda soberana, esta vez por 68.800 millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera. La quita real a valor presente neto fue de entre 29% y 36,2%, en línea con el promedio histórico de reestructuraciones soberanas.
Los principales tenedores de los bonos a reestructurar eran fondos de inversión estadounidenses: BlackRock, Fidelity, PIMCO, Templeton y Greylock, que poseían cerca del 35% de los bonos en cuestión.
BlackRock, dirigida por Larry Fink, participó simultáneamente como tenedora de bonos y como asesor de la reestructuración, un conflicto de interés que fue señalado pero no impedido. La carta publicada en The New York Times por BlackRock defendía su rol argumentando que invertía "en nombre de millones de personas que ahorran para su jubilación".
V. El Grupo Macri y las estructuras offshore
Los Panama Papers (2016) y los documentos posteriores filtrados de Mossack Fonseca revelaron que el Grupo Macri (SOCMA), fundado por Franco Macri —padre del presidente Mauricio Macri—, creó en 1998 la sociedad offshore Fleg Trading Ltd., con sede en Bahamas, cuyo directorio integraban Franco Macri y sus hijos Mauricio y Mariano. Macri no declaró su participación en Fleg Trading ni en Kagemusha (otra offshore radicada en Panamá, creada en 1981) en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público. El fiscal federal Federico Delgado pidió investigarlo por "omisión maliciosa".
En 2018, nuevos filtrados mostraron que empleados de Mossack Fonseca discutieron retroceder documentos para ocultar que no sabían que Fleg Trading era controlada por la familia Macri, incluyendo la idea de que el contador de la familia produjera un manuscrito fechado años atrás. El contador desestimó la idea como "muy arriesgada" porque "podría ser refutada fácilmente por un experto calígrafo". También se reveló que la familia Macri tenía vínculos con BF Corporation, otra sociedad offshore, sobre la cuales fiscales alemanes alertaron a Argentina sobre transacciones sospechosas ocurridas días antes de la primera vuelta electoral de 2015.
VI. Los dueños del litio: la nueva frontera de la extracción
La red financiera que opera sobre la deuda también controla los recursos naturales. En el litio —el mineral estratégico del siglo XXI—, las dos empresas que extraen y exportan desde Argentina son Livent y Allkem (del salar de Olaroz, en Jujuy). Los principales accionistas de Livent son BlackRock y Vanguard; los de Allkem son JPMorgan y HSBC. Estos cuatro fondos son accionistas cruzados entre sí, y además son tenedores de bonos de la deuda externa argentina. Es decir: los mismos actores que financian la deuda del Estado son los que extraen el mineral más codiciado de la transición energética.
A partir de 2022, el principal comprador del litio argentino pasó a ser China, seguido por Japón. La división del trabajo se replica: Argentina exporta el mineral en bruto, sin valor agregado, y China lo refina. En 2023, China concentraba el 13% de la producción mundial de litio y lideraba la refinación global.
VII. Síntesis: la red y el círculo
La red que sostiene el esquema del "novillo por un tornillo" opera con actores locales e internacionales interconectados:
Organismo multilateral: FMI (Directora: Kristalina Georgieva) — condiciona préstamos, exige ajuste y apertura.
Banca de inversión internacional: JPMorgan (Jamie Dimon), Deutsche Bank, HSBC — asesoran, colocan bonos, financian, fugan.
Fondos de inversión: BlackRock (Larry Fink), Vanguard, Elliott Management (Paul Singer), Fidelity, PIMCO — tienen bonos, compran empresas extractivas, litigan.
Fondos buitre: NML Capital (Singer), Aurelius (Brodsky), Dart Management — compran deuda en default, litigan, cobran con ganancias exponenciales.
Grupos económicos locales: Techint (familia Rocca), Grupo Macri (SOCMA), Grupo Eurnekian, Grupo Clarín, Grupo Fortabat — se endeudan, fugan, privatizan, extraen.
Banca local: Grupo Galicia (familias Escasany, Ayerza, Braun), Banco Macro — operan el sistema financiero, compran HSBC.
Funcionarios-puente: Caputo (JPMorgan/Deutsche Bank), Prat-Gay (JPMorgan/HSBC), Martínez de Hoz (CEA) — rotan entre banca privada y gestión pública.
Banco operador de fuga: HSBC Ginebra — 4.040 cuentas, 3.500 millones de dólares no declarados.
El círculo es perfecto: los bancos internacionales prestan (y cobran comisiones), los fondos de inversión tienen los bonos (y presionan para cobrar), los fondos buitre litigan (y extraen ganancias del 1.000%), los grupos locales se endeudan y fugan (y dejan la deuda al Estado), los funcionarios-puente rotan entre Wall Street y el Ministerio de Economía, y el FMI condiciona cada paso. Mientras tanto, el país se desindustrializa, la deuda crece y el litio sale en bruto.